A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
AL PUEBLO DE OAXACA
Nuestra definición frente al actual gobierno, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, -antes y durante la permanencia del Profr. Zenén Bravo Castellanos en la Subsecretaría de Derechos Indígenas, de la Secretaría de Asuntos Indígenas-, ha sido de caracterizarlo como un gobierno que llega al poder como resultado de una situación de hartazgo y rechazo de la ciudadanía al PRI por su política caciquil, represiva y corrupta desarrollada durante décadas; de la necesidad y búsqueda de cambios en la política económica local empujado por el pueblo, resultado lo anterior, Cué obtiene un triunfo en las elecciones pasadas. El golpe contundente propinado al PRI para sacarlo del gobierno además de significar un triunfo importante para el pueblo, abrió expectativas, en diversos sectores, de que se iniciaría una etapa de cambios en el ejercicio del gobierno en el estado de Oaxaca a través de la solución de las grandes demandas de justicia y de atención de las necesidades populares, con el uso austero y transparente de los recursos públicos.
La derrota a la pretensión de Ulises Ruíz Ortiz de lograr su continuidad e impunidad con Eviel, para el pueblo, ansioso de cambios, representó la posibilidad de hacer justicia contra actos anti populares, antidemocráticos y represivos del régimen ulisista, así como el establecimiento de nuevas formas de gobierno, donde la participación popular se viera realmente expresada no sólo en las urnas, sino en las opiniones, toma de decisiones e incluso en el derecho del pueblo para destituir o expulsar a sus gobernantes, como lo pudo hacer la APPO en el 2006, pero todo esto se ha venido mediatizando por los ricos, los paramilitares, por lo más reaccionario que aun se encuentra enquistado en el poder.
La aceptación de ese espacio en el aparato de gobierno, cuya llegada es, en gran parte, producto del esfuerzo y del respaldo del gran movimiento social organizado del cual somos parte, desde la fundación del Frente Popular Revolucionario y que se expresó con toda su contundencia en el estado de Oaxaca en la gran insurrección popular del 2006, fue resuelta con la participación de diversas organizaciones del movimiento democrático de Oaxaca con las que coincidimos en la necesidad de profundizar las exigencias políticas y económicas de cambio y de solución planteadas y peleadas desde los diferentes sectores explotados y oprimidos de nuestro Estado; de acabar con la impunidad, la corrupción y saqueo de los recursos públicos; de encarcelar a los responsables de la violencia oficial, empezando por URO, los jefes de los cuerpos represivos estatales y federales. Desde este espacio se consideró el impulso de la organización y la movilización de las comunidades para materializar lo que en la campaña electoral fueron asumidos como compromisos por el entonces candidato a Gobernador. Por nuestra parte, como Frente Popular Revolucionario, consideramos una prioridad seguir trabajando por el Frente Único de todo el pueblo oaxaqueño por la emancipación proletaria.
Así, nuestros objetivos a trabajar en la Subsecretaría, principalmente fueron: impulsar y darle vida institucional en Oaxaca a los acuerdos de San Andrés Larrainzar (Sacamchem de los pobres) de hacer valer los usos y costumbres democráticos de las comunidades rurales y urbanas de Oaxaca, contribuir hacia el ejercicio realmente democrático de su vida cotidiana y avanzar hacia un gobierno de obreros y campesinos pobres que convoque a una Asamblea Estatal Constituyente democrática, proletaria y popular, puesto que son las masas populares las hacedoras de la historia como lo demostraron en la construcción y vigencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La Secretaría de Asuntos Indígenas, creada durante el sexenio de José Murat como una maniobra demagógica del PRIísmo y del Estado hacia los pueblos indígenas, quedó convertida desde ese entonces, en una pantalla decorativa sin ninguna función de trascendencia que atendiera y resolviera por lo menos algunas necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, con la llegada de este nuevo gobierno se creyó que habría la voluntad política para hacer los cambios estructurales y legislativos para poner a la SAI a tono con las necesidades y demandas de esa gran franja que representa la mayoría de la población de nuestro estado. Sin embargo, desde la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos del gobierno del estado en la Cámara de Diputados, se le limitaron los recursos para hacer efectivo el Plan presentado por el equipo de trabajo que se ha conformado al frente de dicha Secretaría; es decir, iniciar un proceso de reflexión, análisis y la revisión del marco jurídico transversal en temas como aplicación de la justicia, los procesos electorales, la educación intercultural, la revisión del catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para armonizar los Usos y Costumbres con las leyes federales y estatales; la Constitución de un Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas, la conformación de Asociaciones de Pueblos o Autoridades Municipales Indígenas para el impulso y desarrollo de proyectos de Desarrollo Micro-regional Sustentables, el rescate de las lenguas indígenas en peligro de extinción y el fortalecimiento de aquellas que florecen en el campo de la literatura, la poesía, el canto, etc., la creación de la Universidad Indígena e Intercultural, etc.
Sin embargo, en los hechos el equipo que toma decisiones en el actual gobierno ha venido marginando a la SAI de las reuniones decisorias en beneficio de las comunidades campesinas e indígenas; no han sido consideradas las viejas y nuevas exigencias expresadas en el Foro celebrado en el pueblo de Guelatao de Juárez, el 28 de febrero del año en curso que, por cierto, contó con una gran asistencia de autoridades municipales, agrarias, organizaciones indígenas y sociales de las regiones del Estado; la misma reforma de Estado que fue aprobada recientemente no recoge estás mínimas demandas pues ignora totalmente las decisiones colectivistas, asambleístas y comunitarias de los pueblos indígenas; se le pretende mantener a la SAI al margen de la ejecución de proyectos de carácter económico y social que ayuden a atenuar en lo mínimo las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. Es lamentable que habiendo académicos oaxaqueños de probada trayectoria y experiencia, como lo pudieron demostrar en la elaboración del Programa Preliminar de Gobierno, hayan sido sustituidos por gentes venidas del Tecnológico de Monterrey, cuna de formación de los tecnócratas que han gobernado en los últimos años a nuestro país y que lo han sumido en las peores crisis económicas al privilegiar la política neoliberal y antipopular.
Han trascurrido ya más de seis meses y esos cambios por los que las masas populares apoyaron de manera contundente en las urnas en el 2010 no han sido retomados, por el contrario se hace cada día más fuerte el desencanto del pueblo ante la siguiente realidad: muchos de los priistas que fueron parte del régimen de Ulises Ruíz siguen operando desde el gobierno o fuera de él para mantener los cacicazgos en los pueblos; en muchos municipios operaron los fraudes amparados en la legalidad del IEE y fortalecieron dichos cacicazgos. Las obras inconclusas o no realizadas como hospitales y universidades por el gobierno de Ulises Ruíz, el endeudamiento público, en particular los casos de Ciudades Administrativa y Judicial, en que dejó hipotecado gran parte del futuro del pueblo de Oaxaca con los bancos privados y con los verdaderos dueños de las empresas constructoras; la imposición de proyectos de infraestructura asegurados con la corrupción de autoridades, mientras tanto continúan impulsando los megaproyectos vinculados con los intereses de las empresas trasnacionales como la minera Cuzcatlán en San José del Progreso, Ocotlán, Oax., la reactivación de trabajos en la mina de Capulalpan de Méndez, Ixtlán, Oax., la construcción de la Presa el paso de la Reyna, el Corredor Transísmico, etc., a pesar de la oposición de decenas de comunidades que sienten amenazados sus recursos naturales y que seguramente recurrirán a la movilización para hacer respetar sus decisiones.
Los panistas que avalaron y operaron con el PRI y Felipe Calderón la represión en el 2006 que dejó 26 asesinados, varios desaparecidos, cientos de encarcelados, torturados y perseguidos han copado los espacios en el actual gobierno para no realizar los cambios que se siguen exigiendo.
A nivel nacional siguen instrumentando una política fascistoide que bajo el argumento de garantizar la seguridad de la población están militarizando también el estado de Oaxaca, como lo ha hecho Felipe Calderón con el país, sin resolver en nada el problema del narcotráfico y sí creando un estado policíaco y represivo contra toda la inconformidad social como el expresado en la APPO en el 2006 y que mantiene vigencia. Se sigue desarrollando un plan contrainsurgente, que al igual que el PRI, buscan desaparecer el movimiento democrático y revolucionario existente en Oaxaca, así se muestra en las acciones represivas a diferentes movimientos sociales y políticos como el del movimiento en contra de la minera Cuzcatlán, a los vendedores ambulantes establecidos en el Zócalo, a los defensores contra la violencia a los animales, a la comunidad de Santiago Textitlán, el seguimiento personal a dirigentes del movimiento social y de nuestra organización.
La Fiscalía Especial para la atención de los delitos de alto impacto social, ha sido un intento para responder a las demandas de justicia planteadas por el movimiento democrático y revolucionario, pero inmediatamente se convirtió en una caricatura, pues estuvo integrada por un priista identificado con Murat y hoy está acéfala, sin que hasta la fecha se haya presentado una sola señal de castigo a los responsables de los asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, persecuciones y torturas de participantes en la APPO en el 2006.
Frente a estos acontecimientos y las perspectivas que ha trazado el régimen actual, que ha sacado adelante una reforma de Estado para formalizar algunos cambios que exigen las masas populares, pero que resultan insuficientes, por lo que dicha reforma no garantiza resolver a favor de los pueblos sus exigencias pues no les dota de herramientas reales para que éstos no sólo puedan opinar, sino decidir directamente, como lo han expresado miles de proletarios, trabajadores y ciudadanos movilizados en el 2006, en el rechazo a los cambios al régimen de jubilaciones y pensiones, en el rechazo a la carestía de la vida, a los megaproyectos, a la confrontación entre los propios pueblos, además que han sido excluidas figuras como la asamblea general comunitaria, las comisiones revisoras para la fiscalización de los recursos municipales, etc.
Nos preocupa el clima de Guerra Sucia y propaganda negra que se ha venido desatando contra el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca –Sección XXII del SNTE-CNTE- y las organizaciones populares oaxaqueñas, para estigmatizarlos y hacerlos ver como si se opusieran a los cambios democráticos o al desarrollo y progreso de nuestro estado y tratar de aislarlos de las amplias masas populares para después golpearlos e imponerles las políticas públicas neoliberales que el FMI, el BM y las trasnacionales desde hace rato vienen diseñando para saquear los recursos naturales y dominar totalmente a los pueblos de Oaxaca.
El valioso esfuerzo realizado por el pueblo oaxaqueño, desarrollado desde la organización y la movilización popular, la lucha de los maestros, los ciudadanos, los campesinos-indígenas, los jóvenes, los intelectuales, etc., que han hecho historia y que sellaron de manera importante en el 2006 las potencialidades de cambio que el pueblo de Oaxaca puede lograr y que incluso ha tenido que pagar con muertos, desaparecidos, encarcelados, torturados y perseguidos, ordenados por el gobierno de Ulises Ruíz y el PRI, con el respaldo del PAN, en particular de Felipe Calderón y sectores del PRD, muestran que la memoria de la sangre derramada no debe olvidarse y que las aspiraciones, sueños y demandas de nuestros pueblos deben seguir siendo levantadas hasta su total cumplimiento.
Por estas razones nuestra organización ha decidido presentar de manera pública e irrevocable la renuncia del Profr. Zenén Bravo Castellanos al cargo de Subsecretario de derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del estado, que hasta ahora venía ejerciendo y ratificamos nuestra disposición a seguir fortaleciendo la lucha organizada y movilizada de los trabajadores y de los pueblos y comunidades indígenas por las banderas de JUSTICIA, DEMOCRACIA, LIBERTAD hasta verlas cumplidas.
¡UNIDAD DE TODO EL PUEBLO POR LA EMANCIPACION PROLETARIA!
COMITÉ ESTATAL DEL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO.
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